El grupo de investigación Batallón Asturias apoya la iniciativa de la Concejalía de Cultura de Candás para modificar el nombre de dicha calle.

José María Fernández Ladreda fue una persona muy activa dentro del régimen franquista; un régimen ilegal, autoritario, falto de transparencia en los nombramientos a cargos públicos y en el que las decisiones en los gobiernos municipales eran tomadas arbitrariamente por la jerarquía local.

Hijo de un coronel que dirigió la Fábrica de Armas de Trubia, puesto estratégico de la región, fue un militar de artillería ovetense que llegó al grado de comandante. No obstante, su verdadera proyección tuvo lugar en la actividad industrial y la carrera política, siendo ya alcalde durante la dictadura de Primo de Rivera.

Su condición de político y dirigente de la clase conservadora le llevará a ser uno principales organizadores de la Ceda en Asturias, consiguiendo el acta de diputado en 1933. Ocupará numerosos puestos de responsabilidad y colaborará estrechamente en el Ministerio de la Guerra con Gil Robles durante el Bienio Radical- Cedista.

El 19 julio de 1936 da todo su apoyo a la sublevación castrense en la plaza militar de Oviedo, traicionando así los valores democráticos que él mismo había jurado al ser nombrado diputado en las Cortes republicanas.

Su participación en el golpe y en el desarrollo de la guerra es muy activa, debido a su condición de militar: Presta sus servicios al Coronel Aranda y se encarga de organizar las “Compañías de Voluntarios de Oviedo. Servicios de segunda línea”, que formaban parte de la estrategia de los jefes sublevados en Oviedo para movilizar a la población masculina en la defensa de la ciudad ante el ataque republicano.

Formó parte de la represión Franquista dentro de la tribunales Militares, desempeñando el puesto de vocal en el consejo de guerra sumarísimo de oficiales generales que se encargaba de juzgar a los militares que durante la Guerra habían permanecido leales al régimen democrático.

Durante el franquismo se aprovechó de las ventajas que este régimen ofreció a aquellos que habían prestado su apoyo al ejército sublevado: Su condición de industrial le valió la entrada en el Ministerio de Obras Públicas desde 1945 hasta 1951.

Nuestro grupo cree que esta persona no es digna de dar nombre a una calle. Su intolerancia política, su participación en el golpe de estado del 18 y 19 de julio del 36 contra un régimen democrático, su actividad represiva y su condición de ministro de un régimen que se basaba en la desigualdad y la negación de los derechos humanos son razones suficientes para cambiar el nombre y máxime cuando nuestra actual Ley de Memoria Histórica recoge y apoya este tipo de actuaciones en su artículo 15:

“Las Administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de placas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.”

Pablo Martínez Corral